Las recientes iniciativas en diversos puntos del país para la prohibición de la comercialización, distribución, donación, suministro, -entre otros- de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad ponen en riesgo a un gran número de empresas de país y muy particular del Estado de México, que representa 12 por ciento del total de establecimientos del país.

En el Estado de México la afectación podría superar las 200 mil unidades económicas de giros como: industria alimentaria, de conservas, refresquera, tiendas de abarrotes, de conveniencia, autoservicio, venta de alimentos, comercio al por mayor y al por menor de alimentos y bebidas; siendo las micro, pequeñas y medianas empresas las más afectadas.

La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), Laura González Hernández, señaló que estas iniciativas pretenden contrarrestar los efectos negativos del sobrepeso y la obesidad, sin embargo, los pronunciamientos de las organizaciones empresariales y patronales del país han coincidido en los riesgos de estas medidas que se resumen en la pérdida de inversión y empleos, además de que no resuelven temas de fondo sobre la salud de la población.

No resuelven un problema de salud pública, por el contrario, pueden incidir en el incremento del comercio informal y la venta ilícita de los productos que se pretende prohibir. Si se prohíbe una cosa, debe prohibirse todo lo que contenga azúcar, por ello debe dejarse al libre albedrío de los consumidores y a la responsabilidad de los padres.

Para atacar el problema -dijo- podrían realizarse campañas masivas informativas sobre la adecuada nutrición tanto a los padres de familia como a los estudiantes y la población en general para crear conciencia sobre los beneficios de una alimentación equilibrada y por lo tanto sana.

El sector empresarial apuntó- ha pedido evitar disposiciones que provoquen otro tipo de problemas como la pérdida de empleos, que de por sí ya es elevada por la crisis económica. Dialogaremos al respecto con autoridades y legisladores para poner sobre la mesa el posible impacto económico y laboral.

(milenio.com)

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