La Cámara de Diputados de Argentina comenzó a debatir este martes el proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo, propuesto por Alberto Fernández, que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación y a partir de los 16 años y que, en caso de ser aprobado, convertiría a Argentina en el tercer país de América Latina después de Cuba y Uruguay en reconocer este derecho.

El tratamiento parlamentario, que será intensivo ya que durará menos de un mes, inició con la exposición de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra; y los ministros de Salud, Ginés González García, y de Mujeres, Género y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, ante las comisiones de Legislación General, Acción Social y Salud Pública, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad.

Estas comisiones escucharán hoy y mañana a 50 expositores (25 a favor y 25 en contra de la legalización), y el próximo viernes emitirán un dictamen conjunto que será debatido ante el pleno el próximo 10 de diciembre. En caso de ser aprobado, pasará entonces para su discusión en el Senado, el órgano legislativo que tendrá la palabra final antes de que termine el año.

Al iniciar la sesión de trabajo, Ana Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, advirtió que el aborto arroja a cientos de mujeres a la clandestinidad debido a la ausencia de políticas públicas en materia de salud. «Este tema es una deuda de la democracia», dijo al iniciar el debate.

👩🏽🦱👩🏾🎤👩🏾🏫👩🏾🦰 Que la interrupción voluntaria del embarazo sea reconocida como derecho garantiza una vida digna, respeta los derechos humanos, la salud y la educación integral, sin discriminaciones ni estigmatizaciones.Hoy comienza otra historia. Acompáñanos con #AbortoLegalEsVida 💚 pic.twitter.com/gszCf0icUb

— #AbortoLegalEsVida 💚 (@CampAbortoLegal) December 1, 2020

Carla Carrizo, vicepresidenta del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, celebró el aprendizaje que tuvieron las y los legisladores y la sociedad en general durante el debate por la legalización que hubo hace dos años, cuando el proyecto se aprobó en Diputados, pero terminó rechazado en el Senado.

En tanto, Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, recordó que, gracias al archivo audiovisual de la discusión de 2018, que duró cinco meses, hay una base sólida para analizar esta problemática.

Mónica Macha, presidenta de la Comisión de la Mujer, afirmó que el derecho al aborto no tiene que ver con cuestiones personales, sino con dejar de forzar maternidades y evitar muertes.

Derechos

Después de la bienvenida de las legisladoras, Vilma Ibarra, secretaria Técnica y Legal de la Presidencia, recordó que, junto con el proyecto de legalización del aborto el gobierno también presentó el plan de los 1.000 días, a través del cual el Estado garantiza asistencia a las madres y a sus hijas y e hijos desde el embarazo hasta los tres años de edad. De esta manera, apoya tanto a las mujeres que eligen ser madres y a las que no.

En el caso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, dijo, se trata del cumplimiento de una promesa que el presidente realizó desde su campaña.

Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo. El Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades.#QueSeaLeypic.twitter.com/V7Lr6wBmuB

— Alberto Fernández (@alferdez) November 17, 2020

«El presidente recoge una lucha histórica de miles de mujeres que nos precedieron. Quiero hacer un homenaje a esas pioneras que nos enseñaron a todas y todos. Fueron muchos años de explicar, muchas veces en soledad. Y además, un reconocimiento especial a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Ha sido una organización que ha llevado adelante una lucha importantísima en nuestro país», señaló.

Al enviar el proyecto, aseguró, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de visibilizar el enorme problema de los abortos clandestinos, a sabiendas de que esta ley por sí sola no alcanza, pues se necesita reforzar la Educación Sexual Integral y desarrollar políticas firmes para prevenir la violencia de género.

«Ha fracasado la penalización del aborto. Lo que sucede es un mundo clandestino de miles de abortos, mujeres con sus cuerpos invisibilizados, miedos, a veces no sabiendo a quién recurrir, terminan poniéndose en riesgo», explicó.

Ibarra, quien es una de las funcionarias más cercanas al presidente, recordó que el aborto es una práctica que se lleva a cabo sin mayores riesgos, aun de manera ilegal, solo para aquellas personas que pueden pagar servicios médicos seguros.

«¿Qué les ofrecemos hoy a las mujeres? Amenaza de cárcel. Hay un nivel de crueldad en esto. Queremos decirles a esas mujeres que queremos recibirlas en los sistemas de salud, queremos tratarlas en su dignidad, queremos atenderlas, que su vida no se vea afectada, que pueda recibir información para evitar este círculo de volver a embarazarse», añadió.

Más vida

Ibarra también subrayó que el debate real está entre elegir la interrupción legal o clandestina: «Sería deseable que no tuvieran que abortar, pero hay mujeres para las que una maternidad forzada no es una opción. Acá nadie promueve el aborto», dijo la vocera, tras explicar que ninguna mujer está esperando que se sancione esta ley para embarazarse y luego interrumpir su embarazo.

«Las mujeres no nos embarazamos para abortar, nos suceden embarazos no intencionales y nos encontramos ante la disyuntiva de avanzar sobre ese embarazo y decidir la interrupción en las peores condiciones. A esas mujeres las queremos recibir en el sistema de salud, queremos terminar con el enorme negocio del aborto clandestino», dijo.

Ibarra añadió que, si se aprueba el proyecto, toda la ciudadanía podrá seguir pensando y decidiendo según sus convicciones. «A nadie se le va a obligar a ir en contra de sus creencias, pero algo habrá cambiado: podremos disminuir la cantidad de embarazos no intencionales, la cantidad de abortos, ahorrar el sufrimiento de miles de mujeres en el país, evitaremos muertes», afirmó.

Al reconocer el respaldo de parte de la oposición al proyecto, la funcionaria agradeció «el enorme esfuerzo colectivo» que busca que haya menos embarazos no intencionales, menos abortos, más derechos reproductivos, más salud, más familia y más vida.

Luego tocó el turno del ministro de Salud, Ginés González García, quien precisó que impulsa esta nueva ley porque tiene que ver con políticas de prevención, de derechos y de justicia social.

«Es lo que está pasando hoy. Hay 1.100, 1.200 abortos hoy, a diario, que derivan en unas 100, 120 internaciones solo en hospitales públicos. Viene pasando hace mucho tiempo, son enfermedades, infecciones muertes, gastos. Y no es un problema que no tenga solución, la aplica el primer mundo, hay mucha evidencia, es rotunda y es la legalización», señaló.

El fin de las agujas

En Argentina, precisó el jefe de la cartera sanitaria, el 80 % de los embarazos de menores de 20 años son no intencionales, lo que demuestra la importancia de reforzar la educación sexual integral.

«Ya sea con agujas, perchas o tallo de perejil, el aborto clandestino es una práctica llena de riesgo. Los ingresos hospitalarios por abortos o complicaciones de abortos solo del sector público en últimos años son enormes», dijo, aunque también aclaró que hay una tendencia a la baja, fundamentalmente gracias al uso de misoprostol, un medicamento que ayuda a interrumpir el embarazo pero que, debido a su precio, todavía representa una barrera económica para las mujeres más pobres.

González García reiteró que, si el aborto fuera un asunto masculino, hace rato se habría resuelto con la legalización. «Es un tema histórico y tenemos la posibilidad de resolverlo», conminó.

Eli Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, detalló el articulado del proyecto de ley y desmintió que la legalización vaya a estresar el sistema de salud, ya que dejarán de ingresar mujeres que requieren atención después de abortos mal practicados.

En su exposición, explicó que la iniciativa se refiere a «personas gestantes» porque incluye a mujeres, varones trans, bisexuales, intersex y no binarias, en acatamiento a la Ley de Identidad de Género.

(actualidad.rt.com)