El gobierno de México solicitó a Estados Unidos la extradición del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que pueda ser juzgado por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito por 27 millones de pesos, revelaron funcionarios federales.

Los funcionarios consultados por Milenio señalaron que la petición se realizó ayer ante el Departamento de Justicia de Justicia de la Unión Americana.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad en el Altiplano, en el Estado de México, otorgó la orden de captura, con la cual se sustentó la petición de extradición, explicaron.

El mandamiento judicial derivó porque el ex funcionario no comprobó el origen de 27 millones de pesos utilizados para la compra de bienes inmuebles en México.

Genaro García Luna permanece detenido en Nueva York en espera de que comience el juicio donde enfrentará cargos por su presunta relación con el narcotráfico.

Los funcionarios dejaron claro que el ex secretario primero deberá enfrentar su juicio en Estados Unidos y esperan que después pueda ser entregado a México.

En diciembre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también detectó una transferencia de 2 mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) hacia una empresa relacionada con Genaro García Luna, y que es parte de las cuentas bloqueadas luego de su aprehensión.

“Esa transferencia ampara el bloqueo de cuentas por ser una empresa de la que García Luna es accionista”, explicó el titular de la UIF, Santiago Nieto.

De acuerdo con funcionarios federales, la transferencia fue de 2 mil millones de pesos a una empresa que, a su vez, trianguló dinero a una de las compañías que fueron bloqueadas por la UIF.

En octubre pasado, Santiago Nieto informó que la UIF podrá tener acceso a las investigaciones del gobierno de Estados Unidos que vinculan a Genaro García Luna con el Cártel de Sinaloa, una vez que concluya su audiencia.

Detalló que las indagatorias existentes en México en contra del ex secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón son por corrupción política, por lo que el gobierno estadunidense les proporcionará los elementos que lo llevaron a enjuiciarlo por delincuencia organizada pero esto será, hasta que concluyan las audiencias.

“Sobre delincuencia organizada nosotros hemos pedido la información a las autoridades norteamericanas, nos han dicho que después de la audiencia podemos tener algo de información porque nuestra imputación o la denuncia que presentamos ante la Fiscalía General de la República está relacionada con un tema de corrupción política, no con un tema de vinculación con delincuencia organizada mientras ellos lo que tienen es este vínculo a partir de diferentes testimonios que se dieron a partir de los juicios de Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York”, manifestó.

(milenio.com)