Como parte de su propuesta para regular las redes sociales en México, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, propuso multar con más de 89 millones de pesos a las redes sociales que cancelen cuentas y/o eliminen contenidos de sus usuarios.

El también coordinador de los senadores de Morena, propone que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sea el encargado de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el ciberespacio y establecer límites claros a los propietarios de las redes sociales respecto a la suspensión y eliminación de cuentas.

Además, plantea la creación de las “Autorizaciones para los Servicios de Redes Sociales”, para proteger la libertad de los usuarios de redes sociales y se les dé certeza jurídica a éstos como a los propietarios.

#EnVivo He decidido compartir con ustedes mi proyecto de iniciativa sobre redes sociales. Espero sus comentarios para enriquecerla, y poder presentarla en tres semanas. No perdamos de vista el objetivo principal: #RegularNoCensurar https://t.co/dxai3jc1cS

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 8, 2021

“El Senado no pretende ser autoritario e incidir discrecionalmente en las decisiones internas de los propietarios de redes sociales, con respecto a todos los criterios que establece en sus términos y condiciones del servicio, especialmente, los aspectos comerciales, pero tampoco debe permanecer indiferente ante las posibles vulneraciones a la libertad de expresión”, señala Monreal Ávila en su propuesta.

En su propuesta, establece un esquema de sanciones en Unidades de Medida de Actualización (UMAs), que fija como posibilidad que la multa mínima que imponga el IFT parta de la cantidad correspondiente a 1 UMA (89.62 pesos) teniendo como monto máximo la cantidad de 1 millón de UMAs (89 millones 620 mil pesos) atendiendo a la gravedad de la violación al derecho humano de libertad de expresión.

Señala que serán los propietarios de redes sociales junto con sus usuarios los que resuelvan cualquier tema relacionado con la suspensión o cancelación de cuentas o la eliminación de contenidos.

Y se podrá acceder al juicio de amparo en contra de la resolución que emita el IFT, a efecto de respetar el acceso a la justicia de los usuarios.

En torno a las posibles limitaciones a la libertad de expresión, “serán consistentes con los artículos 6º y 7º de la Constitución, los tratados internacionales suscritos en la materia, la legislación nacional y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Y destaca que, se protegerán los derechos de menores de edad, se elimina la difusión de mensajes de odio, se evitará la propagación de noticias falsas, los datos personales quedarán a salvaguarda conforme a la legislación en la materia y las demás de orden e interés público que establezcan los lineamientos dictados por el IFT.

También establece la prohibición a los propietarios de redes sociales de usar algoritmos o tecnologías sistematizadas para cancelar cuentas de manera definitiva.

(24-horas.mx)