La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aplazó la discusión de la reforma en materia de ciberseguridad y acordó convocar a parlamento abierto el 26 de febrero para discutir con especialistas la propuesta que, entre otros aspectos, considera las noticias falsas contra el gobierno y los rumores en redes sociales como amenazas a la seguridad nacional.

Aunque en el orden del día de su reunión de este jueves se incluyó la discusión y votación de dicho dictamen, la presidenta de la comisión, Aleida Alavez, propuso el punto y propuso la convocatoria a parlamento abierto.

“En reunión de Comisión de Puntos Constitucionales informamos que Parlamento Abierto sobre ciberseguridad se realizará el 26 de febrero; escucharemos, como siempre hacemos, todas las opiniones para enriquecer los dictámenes”, reafirmó en redes sociales.

En su turno, la legisladora emecista Martha Tagle reconoció la disposición de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales a abrir la discusión de la reforma sobre ciberseguridad con especialistas en la materia.

El dictamen distribuido a los legisladores plantea una adición al artículo 73 constitucional para otorgar al Congreso la facultad de legislar sobre ciberseguridad, considerando las noticias falsas contra el gobierno, los rumores en redes sociales y los ataques “patrocinados por terceros” como riesgos para la seguridad nacional.

“No puede pasar inadvertido que los riesgos enunciados en su conjunto se vuelven un problema de seguridad nacional”, subraya, al tiempo de señalar la urgencia de actualizar el marco legal frente a una realidad que a su juicio ha sido rebasado por el uso de las tecnologías de la información.

Advierte que “la población en general es vulnerable por las ‘fake news’, que pueden incidir o permear su opinión, y que no es un tema menor, porque últimamente es una constante el crecimiento de rumores en redes sociales a efecto de distorsionar la realidad sobre temas críticos”.

A propuesta del diputado de Morena, Javier Salinas, el dictamen faculta al Congreso “para expedir leyes en materia de seguridad nacional, que incluyan la seguridad cibernética y protección de los derechos humanos en el ciberespacio”.

(milenio.com)