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El magistrado Juan José Olvera solicitó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz transparentar las razones detrás de la cancelación de la orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez, medida notificada por un juez de Control el pasado martes.
En conferencia de prensa, Olvera destacó que el agente del ministerio público que había pedido la orden de aprehensión, solicitó a un juez una audiencia privada un día antes de que el Senado de la República discutiera la reforma al Poder Judicial, es decir, el 10 de septiembre de 2024.
“Lo atendió como si fuera un asunto urgente, que no lo era. No era un asunto urgente. El fiscal pidió esta audiencia como urgente y el juez reaccionó otorgando la audiencia de urgencia”, señaló el magistrado.
El magistrado también cuestionó el momento en que se solicitó la cancelación, ya que Yunes Márquez desempeñó un papel clave en la aprobación de la reforma judicial al aportar el voto necesario para alcanzar las dos terceras partes.
“¿Por qué se pidió la cancelación de la orden de aprehensión un día antes de la votación de esta reforma judicial en favor del senador que terminó por aportar el voto necesario para las dos terceras partes?”, cuestionó.
El 26 de noviembre, el juez Óscar Luis Lozada Hernández, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial en Xalapa, notificó a la jueza de Distrito que tiene a su cargo, la resolución del juicio de amparo promovido por Yunes Márquez.
El senador enfrenta acusaciones por uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, derivadas de hechos ocurridos cuando fungió como alcalde de Boca del Río, Veracruz. Y, es que de acuerdo con el legislador, las acusaciones en su contra datan de un caso de 2021, cuando fue denunciado por supuestamente presentar una constancia de residencia falsa.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que retiró la solicitud de extradición presentada ante el gobierno de Estados Unidos para detener a Yunes Márquez.
La jueza dio un plazo de tres días, contado a partir de la notificación, para que las autoridades estatales y federales informen y acrediten el estado procesal que guarda los actos reclamados por Miguel Ángel Yunes.