En un contexto de creciente vulnerabilidad climática y desigualdad social, diversas organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz para exigir al Estado mexicano una mayor coherencia entre sus políticas fiscales, presupuestarias y sus compromisos ambientales. En un encuentro con medios de comunicación, representantes de la Coalición México Resiliente, el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), NOSSA, Wildlands Network Programa México y Oxfam México presentaron un análisis crítico del Paquete Económico 2026, advirtiendo que el presupuesto federal sigue desalineado con los compromisos climáticos nacionales e internacionales.
Las organizaciones coincidieron en que el diseño actual del gasto público reproduce desigualdades estructurales y carece de una visión de largo plazo que coloque la sostenibilidad ambiental en el centro de la política económica. Señalaron que, pese a los compromisos asumidos por México en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), el país continúa dependiendo de actividades económicas intensivas en carbono, como la extracción y exportación de petróleo, lo que compromete seriamente el cumplimiento de sus metas climáticas.
Sandra Guzmán, fundadora y directora general del GFLAC, fue enfática al señalar que México mantiene una economía altamente dependiente de ingresos provenientes de actividades contaminantes. “México depende de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono, como la exportación de petróleo —11 veces mayores que los ingresos sostenibles— y, además, gasta cinco veces más en actividades contaminantes que en acciones para atender la crisis ambiental. Esta situación pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos climáticos del país”, advirtió.
Las organizaciones también denunciaron la falta de criterios de sostenibilidad en la planeación financiera del Estado, lo que impide una transición justa hacia un modelo económico bajo en emisiones. En este sentido, hicieron un llamado urgente al Congreso de la Unión para que revise y modifique el Paquete Económico 2026, incorporando mecanismos de justicia fiscal, transparencia en el gasto público y una asignación presupuestaria alineada con la acción climática.
El mensaje fue claro: no es posible hablar de desarrollo sin considerar la crisis ambiental que enfrenta el país. Las organizaciones instaron a que el presupuesto deje de privilegiar a sectores contaminantes y, en su lugar, fortalezca políticas públicas que promuevan la resiliencia, la equidad y la sostenibilidad.
Este posicionamiento se da en un momento clave para la política nacional, cuando el Congreso discute el destino de los recursos públicos para el próximo año. Las organizaciones advirtieron que, de no corregirse el rumbo, México no solo incumplirá sus compromisos internacionales, sino que también profundizará las brechas sociales y ambientales que afectan a millones de personas, especialmente a las más vulnerables.
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