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El Instituto Electoral de la Ciudad de México determinó acatar la resolución del Tribunal Electoral capitalino (TECDMX), que permitirá a la Jefa de Gobierno, así como a otras autoridades locales, participar en la difusión institucional del proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial local, del próximo 1 de junio.
El pasado 4 de abril, el TECDMX resolvió favorablemente un juicio promovido por Clara Brugada, quien impugnó diversos artículos de los “Lineamientos para garantizar la equidad en la contienda y el cumplimiento de las reglas de propaganda”, emitidos por el propio IECM.
La impugnación fue presentada el 1 de abril ante el Tribunal, el cual concluyó que los lineamientos limitaban indebidamente la intervención de autoridades gubernamentales en la promoción del proceso electoral.
En respuesta, el Consejo General del IECM aprobó la modificación de los lineamientos, en cumplimiento a lo ordenado por el TECDMX.
La modificación delimita con mayor precisión las restricciones aplicables a las dependencias gubernamentales, particularmente en la organización de foros y actos públicos relacionados con el proceso electoral.
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Durante la sesión, la consejera electoral Sonia Pérez aclaró que la medida no implica una flexibilización de las normas, sino una “precisión normativa que mantiene el principio de imparcialidad”, al tiempo que evita limitar funciones legítimas del gobierno.
Difusión, sin actos proselitistas
La nueva redacción de la fracción 17 del artículo 13 establece que las dependencias no podrán organizar foros o debates con una finalidad proselitista o que estén directamente relacionados con el proceso electoral del Poder Judicial local y puedan desnaturalizar su función institucional, especialmente si están vinculadas a la operación de programas sociales.
Sin embargo, el consejero Ernesto Ramos cuestionó la redacción aprobada, al considerar que la inclusión de la frase “relacionada con el proceso electoral que pudiera desnaturalizar la actividad institucional” es ambigua y podría generar incertidumbre jurídica. Propuso eliminar esa cláusula para evitar interpretaciones amplias que pudieran restringir derechos o exceder las facultades del IECM.
La sentencia exige concreción. Esta redacción deja abierta una puerta a interpretaciones vagas que podrían sancionar actividades legítimas”, afirmó Ramos.
Su propuesta fue rechazada por mayoría de votos.
La consejera Erika Estrada sostuvo que el texto cumple con lo establecido por el tribunal y solicitó una votación diferenciada para registrar las posturas sobre la iniciativa de Ramos.
Con la aprobación del nuevo acuerdo, el IECM confirmó que las autoridades locales, incluida la Jefa de Gobierno, podrán participar en la promoción institucional del proceso, sin incurrir en actos de proselitismo ni influir en el sentido del voto.