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A seis meses de su aprobación, la reforma constitucional en contra de los vaporizadores complicó la lucha en contra del tabaquismo en México, ya que el “mercado negro” acapara la venta de los dispositivos, lo que dificultó al acceso a ese tipo de tecnologías a quienes las utilizan para abandonar el tabaco, alertaron organizaciones y activistas a favor del vapeo.
En conferencia de prensa celebrada a propósito del Día Mundial del Vapeo (mañana 30 de mayo), los especialistas advirtieron que las consecuencias de la reforma son múltiples y evidentes, pues facilitó al acceso a menores de edad a productos de consumo exclusivo para adultos; disparó la venta clandestina; abrió paso al crimen organizado; provocó cierre de negocios formales; disparó la evasión fiscal y obstaculizó el combate contra el tabaquismo.
Juan José Cirión Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, aseguró que la reforma constitucional concedió toda la venta de vaporizadores “al mercado negro”, pues recordó que antes de la disposición, buen parte de la oferta ocurría a través de negocios formales que operaban bajo el cobijo de amparos, pero a partir de enero a la fecha, ese tipo de establecimientos han ido despareciendo.
El también Maestro en Derecho agregó que la reforma constitucional constituye un claro testimonio del proceso de extinción de la división de los poderes en México, pues a pesar de que en octubre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional la prohibición de comercializar cigarros electrónicos o vaporizadores, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa para combatir esa resolución, con beneplácito del Legislativo.
“Cuando se determina una jurisprudencia de la Corte que una ley es inconstitucional, los otros poderes tienen la obligación de incorporar ese criterio, pero lo que está sucediendo con la reforma al Artículo 4to Constitucional es claramente una afrenta política a la división de Poderes en México, esto claramente es una invasión claramente a la esfera del Poder Judicial, ya no tenemos control constitucional, porque si las resoluciones de los jueces, tratándose de cuestiones políticas y los criterios jurisprudenciales, se van a llevar al contrario, claramente nos estamos quedando sin la división tradicional de los tres poderes”, alertó.
En la conferencia de prensa también participó Jorge Palma, presidente de la Asociación de Vapeadores de Perú (ASOVAPE), quien informó que, a diferencia de México, en el país sudamericano se logró en noviembre de 2024 la aprobación de un marco regulatorio para los vaporizadores, sumándose así a otras naciones de la región, como Chile, Colombia y Ecuador, en donde se han logrado pasos importantes para facilitar alternativas científicamente comprobadas para combatir el tabaquismo.
“Tras un largo proceso, en donde nunca hubo una prohibición explicita, en Perú logramos la aprobación de un marco regulatorio para los vaporizadores; todavía están por publicarse las leyes secundarias, en donde deberán definirse temas como delimitación de los lugares para poder vapear; prohibición para menores de edad; definición de alertas sanitarias, entre otras disposiciones”, comentó.
Por ello, invitó a los activistas y población a general en México a no claudicar en la lucha para lograr un marco legal para ese tipo de tecnologías que, enfatizó, científicamente son 95 por ciento menos dañinas que el cigarro tradicional y por ello, han sido incorporadas en políticas públicas en contra del tabaquismo en países como Francia y el Reino Unido.
Por su parte, Rafael Lara, presidente de Razón, Autonomía y Derecho (RAUDER), aseguró que las reformas constitucionales del 2024 llevadas a cabo por el actual gobierno son, en buena medida, contrarias a los Derechos Humanos.
“En particular, la reforma hecha a los Artículos 4o. y 5o. de la Constitución Política, prohibiendo y sancionando el uso, venta y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos, y otros sistemas electrónicos análogos, es abiertamente violatoria de Derechos Humanos, en particular del Derecho al libre desarrollo de la personalidad, el Derecho a Salud y el Derecho a la información, los cuales están reconocidos en nuestra Carta Magna pero no respetados por este gobierno”, precisó el también Doctor en Derecho por la UNAM.
El activista alertó que si “pretende emitir leyes secundarias, reglamentando los artículos constitucionales indicados, siguiendo la misma línea gubernamental de prohibiciones, sólo se evidenciarán como un gobierno antidemocrático y violador de los Derechos Fundamentales de las personas”.
En esa línea, Miguel García, activista y consumidor de vaporizadores, reconoció que la aprobación de la reforma constitucional entorpeció la estrategia de combate a tabaquismo en México, pues coincidió en que, derivado de la disposición, cerca de la mitad de los negocios formales que vendían dispositivos tuvo que cerrar de manera definitiva o cambiar de giro, lo que redujo sensiblemente la oferta de vaporizadores de calidad, en detrimento -particularmente-, de quienes utilizan ese tipo de tecnologías para dejar el consumo de cigarros de tabaco.
Incluso, advirtió que uno de los “ganadores” de este escenario ha sido el crimen organizados, el cual ha tomado el control de la importación, distribución y venta de los dispositivos, condición que peligrosamente, alertó, acerca a los usuarios de ese tipo de productos a drogas peligrosas.
En tanto, Tomás O´Gorman, cofundador de la organización ProVapeo, aseguró que la reforma constitucional, muy lejos de disminuir el consumo de vaporizadores, lo que provocó fue facilitar el acceso de ese tipo de productos a menores de edad, pues en “el mercado negro” no hay restricción alguna.
“A lo largo de los meses posteriores a la reforma, lo que hemos visto es que se cumplieron nuestras advertencias: El ´mercado negro´ se disparó cínicamente, pues ahora es posible encontrar en vialidades como Avenida Juárez y el Eje Central de la Ciudad de México la venta de estos aparatos en puestos informales y ambulantes sin restricción alguna; las evidencias están a la vista de todos; a tan sólo algunos metros de Palacio Nacional se venden estos productos como si fueran golosinas”, alertó.
Por todo lo anterior, los activistas coincidieron en que el análisis de las leyes secundarias de la reforma constitucional debe representar el espacio para sacar adelante un marco regulatorio que permita revertir el creciente “mercado negro”; combatir el consumo de menores de edad y garantizar el acceso a este tipo de tecnologías de riesgo reducido para combatir el tabaquismo.
“Es posible; sí se puede retomar el camino correcto hacia un país libre de humo”, concordaron los especialistas.