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El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del PT, planteó una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución Política, para incluir el delito de corrupción inmobiliaria dentro del catálogo en los que el Ministerio Público puede solicitar prisión preventiva oficiosa, dada su gravedad.
El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, puntualiza que el propósito de usar el mecanismo de prisión preventiva oficiosa es que el responsable de este delito no eluda su responsabilidad por sus actos.
Explica que la corrupción inmobiliaria se manifiesta en la colusión entre servidores públicos y desarrolladores, cuando generan contextos propicios para la adjudicación directa de cambios de uso de suelo, compraventas ilegales de tierras ejidales, construcciones sin permisos y comercialización de inmuebles sin infraestructura correcta o dentro del marco de la ley.
Este fenómeno –señala– prolifera la gentrificación, desplazamiento, encarecimiento de vivienda y desigualdad social, lo que no solo implica el desfalco por millones de pesos en contratos con inmobiliarias sino que ahora presentan problemas en el abastecimiento de los recursos.
En la Ciudad de México los conflictos que subyacen detrás de las denuncias de despojo con frecuencia son el resultado de muy diversas y diferentes problemáticas, desde disputas familiares por el patrimonio compartido hasta complejas transacciones realizadas por funcionarios y operadores jurídicos deshonestos.
Las comunidades afectadas incluyen mayoritariamente a mujeres jefas de familia y personas mayores que carecen de recursos para defender su derecho a una vivienda digna. La falta de titulación legal agrava su vulnerabilidad ante despojos y desplazamientos sin acceso a representación legal adecuada.
Menciona que los costos de las viviendas se han escalado a niveles en los últimos años, que, para la mayoría de las personas, es imposible pagar, y las generaciones presentes reciben las consecuencias; tan solo en el estado de Querétaro se tiene un costo aproximado de 2 millones de pesos, y en su municipio de 3 millones de pesos.
“Si consideramos que el precio nacional de la vivienda en México en 2015 era de 1 millón de pesos, en Querétaro en tan solo una década esta se ha duplicado o triplicado, haciendo sumamente complicado tener la posibilidad de adquirir un patrimonio propio”, sostiene.
La iniciativa propone en sus transitorios que el Congreso de la Unión tendrá un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones correspondientes al Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de incluir dicho delito.
También, que los servidores públicos y particulares que en los 180 días anteriores hayan incurrido en las conductas previstas quedarán sujetos a investigación conforme al reciente precepto.
Además, en un plazo de 180 días, el Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República deberán emitir lineamientos para la capacitación de personal de obra, procuración de justicia y notariado en materia de corrupción inmobiliaria.
Señala que la Fiscalía emitirá un informe público anual sobre casos iniciados, sanciones aplicadas y mecanismos de prevención implementados.