Compartir en Redes
Ciudad de México, junio de 2025.– Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia una nueva etapa de institucionalidad, transparencia y combate frontal a la corrupción, una serie de denuncias filtradas desde el interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) amenaza con dinamitar uno de los pilares del comercio fronterizo del país: la operación aduanera en el norte.
En el centro de la controversia se encuentra el general Ernesto Alejandro Vadillo Trueba, actual director de Supervisión de Aduanas Fronterizas, acusado de encabezar una red de corrupción que incluiría la venta de aduanas al mejor postor, el tráfico de mercancías ilegales y la permisividad en el ingreso irregular de combustible, una práctica conocida como huachicol fiscal.
Una red con operadores de la “vieja guardia”
Según testimonios de trabajadores de la ANAM —filtrados de manera anónima en redes sociales y replicados por medios independientes—, Vadillo Trueba habría tejido una red de complicidades que se remonta a la administración del general André Georges Foullon Van Lissum, cuando fungía como director de Investigación Aduanera.
Entre sus presuntos operadores figuran René Díaz Ramos, conocido en el bajo mundo como «el fayuquero», y el coronel Benito Cegueda, actual titular de la aduana de Ciudad Juárez. A los tres se les vio recientemente en una reunión privada en El Paso, Texas, lo que ha encendido las alertas entre agentes fiscales y autoridades fronterizas.
Purga interna y crisis institucional
Fuentes al interior de la ANAM aseguran que Vadillo Trueba ha iniciado una especie de “limpieza administrativa”, despidiendo a al menos 16 funcionarios que se negaron a participar en prácticas irregulares. Los despidos no solo han sido señalados como injustificados, sino como parte de una estrategia para colocar personal afín a su estructura de control.
“Estamos viendo un desmantelamiento técnico de las aduanas fronterizas: gente con experiencia está siendo removida, mientras se instala una lógica de lealtades y favores que no tiene nada que ver con el profesionalismo aduanero”, denunció una fuente bajo condición de anonimato.
La sombra política
Lo que más ha preocupado a diversos sectores empresariales y de seguridad nacional es la presunta intención del general Vadillo de recaudar fondos ilegales para campañas políticas, supuestamente ligadas al partido Morena. Esta acusación, de comprobarse, iría directamente en contra de la narrativa de legalidad promovida por la presidenta Sheinbaum, quien ha instruido a su gabinete a blindar las instituciones del uso faccioso.
Al mismo tiempo, las acciones de Vadillo opacan los esfuerzos realizados por el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, cuyos operativos recientes en la frontera han sido reconocidos por su eficacia y alcance. La contradicción entre una política federal de limpieza institucional y la supuesta corrupción operando al interior de Aduanas genera un doble discurso que erosiona la confianza ciudadana.
Silencio oficial
Hasta el momento, ni Vadillo Trueba ni el titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, han emitido una postura oficial frente a las acusaciones. La omisión resulta preocupante, sobre todo si se toma en cuenta que la red de tráfico y favores señalada abarca puntos críticos como Reynosa, Juárez y Nogales, considerados estratégicos para la seguridad fronteriza y el combate al contrabando.
Especialistas en comercio internacional advierten que este tipo de crisis no solo compromete la reputación del país frente a sus socios comerciales, sino que podría retrasar la implementación del nuevo modelo de control aduanero, basado en tecnología, trazabilidad y rendición de cuentas.
Un llamado a fondo
El caso Vadillo Trueba representa más que un escándalo individual: pone en evidencia las tensiones internas entre la vieja estructura militarizada de aduanas y los intentos recientes por tecnificar y profesionalizar el sector.
La pregunta hoy no es solo si las acusaciones son ciertas, sino si el gobierno federal está dispuesto a romper con las inercias del pasado y hacer de la fiscalización aduanera una verdadera línea de defensa para el país.
Porque en las aduanas no solo se vigilan mercancías: se define también la calidad de la legalidad en México.