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Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el gobierno de la Ciudad de México ejecutó un desalojo forzado en el campamento de personas migrantes en la Terminal del Norte, a pesar de un amparo judicial que prohíbe este tipo de operativos.
El 11 de marzo, la Coordinación de Movilidad Humana (CMH) convocó a colectivos y albergues a una reunión en la que se prometió la presencia de la jefa de gobierno. Sin embargo, la reunión se realizó con el responsable de la CMH, quien anunció el traslado de los migrantes a albergues ante supuestos riesgos de inseguridad en la zona.
El Grupo de Monitoreo Frontera Centro (GMFC) alertó sobre el operativo, señalando que en los últimos dos años se han registrado al menos diez desalojos caracterizados por violencia y violaciones a los derechos humanos. Durante la noche, testigos informaron que la presencia de patrullas, policías vestidos de civil y personal de limpieza generó un ambiente de intimidación.
A pesar de que las autoridades aseguraron que el traslado sería voluntario, el personal ingresó a las casas sin permiso, utilizando amenazas y desinformación para presionar a los migrantes a abandonar el campamento. Se reportaron casos en los que se les advirtió que serían desalojados por la fuerza si no aceptaban el traslado, mencionando incluso la posible llegada de militares o personal del Instituto Nacional de Migración.
Alrededor de las 22:30 horas, mientras las autoridades se retiraban, personal de obras comenzó a desmantelar el campamento, destruyendo casas y confiscando pertenencias como si fueran desechos. Se reportaron actos de violencia y discriminación, con comentarios xenófobos por parte del personal involucrado.
El GMFC denunció que el operativo incumplió con estándares de derechos humanos y exigió a las autoridades federales y locales respetar la orden judicial que prohíbe los desalojos de migrantes en campamentos. Además, señalaron que la estrategia gubernamental ignora la necesidad de garantizar condiciones dignas de alojamiento y seguridad para las personas en tránsito.
Organizaciones y activistas han advertido sobre posibles desalojos en otros puntos de la ciudad en los próximos días, lo que incrementa la preocupación sobre la protección de los derechos de la población migrante en la capital.