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Para la Iglesia católica de México el aborto no es un derecho y pidió que no se «aproveche» el caso mediático de un bebé abandonado en calles de Tultitlán, Estado de México, para «aprobar» la interrupción del embarazo, pese a las leyes que lo permiten y tras las sentencias de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) que impiden su criminalización.
Fue en su editorial dominical “Desde la Fe”, que la Arquidiócesis citó el caso del recién nacido de cinco meses que fue dejado en plena vía pública el martes pasado en el citado municipio mexiquense y quien sobrevivió, mientras que sus jóvenes padres de 21 (ella) y 18 (él) enfrentan cargos por tentativa de homicidio.
Tras ello, la Iglesia reclamó que «los bebés no tienen la culpa», ante «quienes intentan argumentar que para evitar una situación como esta, se debe aprobar el aborto».
«La publicidad engañosa hace creer que el aborto es un derecho”, insistió la jerarquía religiosa, que calificó la interrupción del embarazo como una práctica de «muerte».
«El aborto es una práctica en la que hay una muerte, la del ser humano en desarrollo, legal o no, la muerte es un hecho», consideró.
No obstante, desde 2021, la SCJN determinó la inconstitucionalidad del delito de aborto en todo el país, obligando a los estados a reformar sus legislaciones y a garantizar el acceso a servicios seguros de interrupción del embarazo hasta las 12 semanas.
Debido a esta determinación, se ha generado controversia en el país por la desinformación en torno a los métodos para el aborto seguro y los plazos que las ONG consideran insuficientes para acceder al servicio.
INTERRUPCIÓN EN MESES AVANZADOS
Por ello, la Iglesia resaltó que este suceso «además de tratarse de un acto de crueldad, también es ilegal, por haberse intentado en meses de embarazo avanzado».
Sin embargo, en el Estado de México el aborto voluntario fue despenalizado apenas en noviembre de 2024, generando un retraso en la garantía de los servicios para las mujeres que requieran interrumpir un embarazo.
Organizaciones civiles, como Human Rights Watch (HRW) advierten que la criminalización social sigue siendo una de las principales barreras que obstruyen el acceso a la interrupción segura del embarazo en todo el país.
Hasta ahora, 21 de los 32 estados del país han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (y en Sinaloa, 13), en sintonía con la sentencia de la Suprema Corte que hace dos años determinó que prohibir la interrupción del embarazo viola los derechos a la dignidad humana, autonomía reproductiva, salud e igualdad, entre otros.
En los 11 estados restantes, el aborto está permitido en cualquier momento del embarazo solo en casos de agresión sexual y otras causales legales como peligro de muerte o daños en la salud para la persona gestante.