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El Gabinete de Seguridad de México llevó a cabo el traslado y entrega formal a Estados Unidos de 26 personas que se encontraban recluidas en diferentes centros penitenciarios del país. Estos individuos eran requeridos por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas y otros delitos.
Las autoridades destacaron que estos habitantes representaban un «riesgo permanente a la seguridad pública» y que todas contaban con una orden de extradición.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron las encargadas de la custodia, traslado y entrega, asegurando que el proceso se realizó bajo los protocolos institucionales y con el debido respeto a los derechos fundamentales y al debido proceso, en apego a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Un punto importante del acuerdo bilateral es el compromiso del Departamento de Justicia estadounidense de no solicitar la pena de muerte para los extraditados en su país. Esta acción se enmarca en las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad entre ambas naciones, respetando la soberanía de cada una.
Hasta el momento, no se han precisado los nombres de las personas extraditadas. Además, el Gabinete de Seguridad anunció que dará una conferencia mañana para ofrecer más detalles sobre el tema.
ANTECEDENTE DE FEBRERO
Esta reciente entrega se suma a una acción similar realizada el 27 de febrero de 2025, cuando México extraditó a Estados Unidos a 29 narcotraficantes. Entre los entregados en aquella ocasión figuraban líderes y operadores de alto nivel de diversas organizaciones criminales.
La lista de extraditados en febrero incluyó a figuras prominentes como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. También se encontraban «El Viceroy», «La Kena», «Tony Montana», y los hermanos Miguel y Omar Treviño, alias «el Z40» y «Z42». Estos individuos pertenecían a cárteles como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y el Cártel del Golfo. Las entregas en esa ocasión se realizaron en diferentes puntos de la frontera entre México y Estados Unidos.
En su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que la entrega de esos capos fue legal y se realizó por un tema de seguridad nacional, decisión tomada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.