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Las 26 personas que estaban recluidas en México y que fueron enviadas a Estados Unidos ayer por la tarde seguían dirigiendo actividades ilícitas desde prisión, por lo que se determinó su traslado, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Estos delincuentes de alto perfil continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas (…) Estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar funcionarios y extender redes de intimidación, lo que representaba un riesgo», indicó el funcionario en conferencia de prensa.
Además indicó que había litigios impulsados por los detenidos con los que buscaban ser trasladados a penales de menor seguridad, lo que afirmó, constituía un riesgo de que extendieran sus actividades criminales o incluso, de fuga.
Habían litigios y recursos legales para buscar la liberación anticipada, lo que significaría un retroceso», sostuvo.
Además, el funcionario reiteró que la decisión fue soberana y tomada solo por el gobierno de México, como parte de la estrategia contra la extorsión y la impunidad.
«Allá tienen un procedimiento abierto, el beneficio es para las victimas de estos sujetos, ya sea de extorsión, homicidio y todos los delitos que mencioné en donde muchas veces desde prisiones siguen operando, ¿cuál es el beneficio?, que ya no lo hagan, que al sacarlos de nuestro país no van a poder seguir operando contra la sociedad mexicana», afirmó.
Harfuch explicó que en la operación de traslado participaron 988 elementos del Gabinete de Seguridad, con el apoyo de 90 vehículos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina Armada de México (Semar) y de la Guardia Nacional, así como 11 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y uno de la Armada.
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó en estos acuerdos no hay negociación de ningún tipo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Agregó que la entrega de los 26 criminales se realizó con base a lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional, en la Constitución y en la Convención de Palermo, para garantizar la soberania del país y la seguridad de la población.