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La Secretaría de Educación Pública (SEP) debe informar si ha encontrado sustancias u objetos peligrosos al aplicar el protocolo de revisión de útiles escolares en los planteles federales de educación media superior, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Y es que esta postura del organismo se dio luego que una persona pidió a la SEP que le señalara el número de planteles y estados en los que se aplica el protocolo de revisión, la frecuencia con la que se realiza, las acciones que se emprendieron al encontrar sustancias u objetos peligrosos, las escuelas donde se presentaron los hechos y si hubo personas detenidas.
No obstante, la dependencia federal a cargo Mario Delgado Carrillo, respondió que esos datos estaban disponibles en registros públicos como libros, compendios o trípticos y proporcionó un vínculo electrónico para consultar vía Internet estas dudas.
“La persona que solicitó la información se quejó ante el Inai porque en el vínculo proporcionado sólo se encuentra un documento donde se menciona la existencia del protocolo, pero no se informan los resultados ni resuelven las preguntas realizadas”, señaló el instituto en un comunicado.
INCUMPLEN CON PARTICULAR
Tras ello, el equipo del comisionado presidente del Inai, Adrián Alcalá Méndez, analizó el asunto y encontró que la SEP no garantizó el derecho de acceso a la información de la persona solicitante, puesto que le entregó información que no corresponde con lo solicitado.
“Es importante conocer las escuelas en donde se implementa el protocolo y el número de veces que se han identificado objetos prohibidos. Esta información resulta de la mayor relevancia si consideramos que la violencia escolar en México ha ido en crecimiento”, pronunció Alcalá Méndez.
Fue así que el Pleno del Inai por unanimidad revocó la respuesta de la SEP y le instruyó buscar lo requerido en todas las unidades competentes y entregar los datos a la persona que los pidió.
Basta recordar que el operativo “Mochila Segura” que implementa la SEP se realiza para verificar las pertenencias de los estudiantes, con el objetivo de prevenir que lleven objetos peligrosos a las instituciones de enseñanza-aprendizaje. Esta labor se lleva a cabo con la anuencia de los padres de familia.
Además, en la Ciudad de México, “Mochila Segura” fue suspendido en agosto de 2019 y declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en febrero de 2021. Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que el operativo violó los derechos humanos de los educandos.