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En México, una de cada tres mujeres que tiene un parto sufre violencia obstétrica, situación que no mejora pese al reconocimiento y la tipificación de este delito en las leyes, según advirtieron especialistas en una mesa de diálogo este lunes en la capital mexicana.
Rebeca Ramos, directora ejecutiva del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), señaló que «la tipificación y la persecución penal» de este tipo de violencia, «lejos de ayudar, obstaculiza que las causas se puedan atender de manera adecuada».
«La situación es mucho más compleja. Hay una serie de desafíos y de retos a nivel institucional y a nivel estructural que hay que atender», expuso durante un conversatorio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Aunque 28 de 32 estados reconocen la violencia obstétrica en sus leyes, Ramos destacó que no se observa «cambios significativos» en «un país con alta demanda de servicios sanitarios» y una inversión pública en salud aún «insuficiente».
La investigadora Graciela Beatriz Muñoz coincidió en que los códigos penales «no son el espacio para nombrar la violencia obstétrica».
«Penalizar nos va a llevar hacia una judicialización de la salud, una medicina defensiva y no va a resolver el problema», avisó Muñoz.
Ramos apuntó que los códigos penales responsabilizan a individuos, pero no atienden las «fallas institucionales o estructurales», como la falta de insumos, personal, intérpretes, condiciones dignas en los hospitales, debilitamiento del primer nivel de atención y saturación en los otros niveles.
UNA DE CADA TRES ES VÍCTIMA
La experta resaltó que una de cada tres mujeres que tuvo un parto en los últimos cinco años, vivió alguna forma de violencia obstétrica, según el informe ‘¿Qué dicen los datos públicos? Radiografía de la violencia obstétrica y la muerte materna’ publicado por Gire en 2023.
El informe, realizado con base en información censal de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), también encontró que los grupos más vulnerables son las mujeres menores de 30 años, indígenas, solteras o sin acompañamiento y personas con discapacidad.
Entre las principales formas de violencia obstétrica destacó las cesáreas sin justificación clínica y la presión para aceptar métodos anticonceptivos o de esterilización, por lo que Ramos remarcó la urgencia de pasar del reconocimiento en las leyes a la atención de las causas estructurales.
«Carencias de instalación apropiadas de suministros esenciales y de personal calificado son una realidad inobjetable, y no ha sido ni será la solución enfocarse en generar leyes de carácter y punitivo, ni presionar para que las fiscalías estén investigando este tipo de situaciones», recalcó la experta.